La apelación genérica a razones de seguridad nacional no es causa suficiente ni eficiente para terminar o declarar desierto un proceso de contratación, advirtió el Consejo de Estado. A su juicio, solo serían válidas esas razones cuando impiden la selección objetiva en la contratación, caso en el cual la causal de terminación será la imposibilidad de garantizar esa objetividad. De esta forma, el Consejo declaró válidas varias resoluciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las que terminó el proceso de contratación directa, adelantado en 1996, para la modernización tecnológica de la entidad. El alto tribunal condicionó la validez a que se entendiera que ninguna de las ofertas se ajustó al pliego de condiciones y no por las razones de seguridad nacional que adujo la Registraduría, a causa de las informaciones que daban cuenta de que grupos subversivos del país se habían tomado el proceso de selección (C.P. Enrique Gil Botero).