Juan Carlos Portilla
Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de la Sabana

¿Cómo llegó a Colombia el arma a las manos del sicario que le disparó a Miguel Uribe Turbay? Fue comprada legalmente en Arizona (EEU U), pero contrabandeada a Colombia. Debió ingresar por puerto aéreo, marítimo o terrestre y, posiblemente, con corrupción. En el 2019, cinco policías fueron capturados, porque integraban la banda Los mercaderes de la muerte dedicada al tráfico criminal de armas en Cali. Una de esas armas traficadas por la banda criminal fue usada en el crimen de la candidata Karina García Sierra, asesinada en Suárez (Cauca), quien fue acribillada por sicarios en septiembre de 2019 y quienes atacaron la camioneta en la que se movilizaba. Las armas son compradas en EE UU y pueden entrar al país camufladas y desarmadas bajo el concepto de envíos urgentes de correo. Esto evidencia la punta del iceberg de un problema que atenta contra nuestra seguridad nacional: el contrabando de armas. Presidente Petro: hay debilidades en el control de nuestras fronteras, que permite la entrada criminal de armamento al país, una de las cuales fue usada contra Migue Uribe.

Las rutas por las que circula este armamento ilícito son complejas y se nutren de fallas estructurales en las políticas de control y vigilancia. El flujo criminal de armas socava la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana, nuestra democracia y el imperio de la ley. Es urgente replantear y modernizar las estrategias de control, combinando esfuerzos nacionales con la cooperación internacional para cortar de raíz la cadena del contrabando de armas y evitar que casos excepcionales se conviertan en patrones de inseguridad.

Cooperación Internacional

La cooperación estrecha entre Colombia y EE UU contra el contrabando de armas debe ser una política de Estado y no estar sujeta a los caprichos ideológicos del gobernante de turno. El intercambio de inteligencia y apoyo técnico puede fortalecer a las autoridades en la detección temprana y desarticulación del contrabando de armas. Asimismo, instrumentos internacionales como la CIFTA (Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados) y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), adoptado por la Ley 2289 de 2023, constituyen marcos normativos fundamentales que deberían fortalecer el control frente al contrabando de armas y obligar a los países a adoptar mecanismos de fiscalización rigurosos. Estos convenios internacionalizan el compromiso en la lucha contra el tráfico ilícito de armas, estableciendo parámetros compartidos para la actuación coordinada y la rendición de cuentas.

En el 2019, una operación policial contra la red criminal conocida como Los mercaderes de la muerte ilustra las rutas de tráfico ilícito de armas. El operativo fue articulado entre la Policía Nacional, Interpol y la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos.

Durante esta operación, se logró capturar a 16 miembros de una organización transnacional involucrada en la distribución de armas y otros ilícitos. En el marco del operativo, se logró el arresto de integrantes de Los mercaderes de la muerte y se incautaron 12 armas de fuego, municiones, diversos accesorios –entre los que se destacan silenciadores y otros dispositivos complementarios–, equipos tecnológicos y 26 radios de comunicación.

El cabecilla de la organización se encargaba de alquilar armas de fuego para homicidios y hurtos. Las disidencias de las Farc, a través del grupo “Jaime Martínez”, entidad con influencia criminal en el norte del Cauca y en las zonas rurales del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, hacían parte de esta red de contrabando de armas, las cuales eran importadas desde EE UU en estado desarmado y disimuladas mediante envíos urgentes, e incluían fusiles tipo AK-47 y Colt AR-15, pistolas de marcas como Sig Sauer, Five Seven, Glock, el cual es la marca del arma usada contra Uribe Turbay. La organización criminal habría movilizado aproximadamente 180 armas de fuego de uso personal y 45 de uso restringido, con un valor estimado de 1.700 millones de pesos. Los mercaderes de la muerte estaban involucrados en la falsificación de salvoconductos para porte de armas de fuego, lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Este operativo destaca la necesidad de continuar fortaleciendo lazos internacionales para prevenir futuras infiltraciones de armamento por nuestras fronteras. La integración de estas estrategias debe identificar las vulnerabilidades en la cadena del contrabando, implementar reformas basadas en normativas internacionales y asegurar la cooperación estrecha entre los países implicados. Solo a través del fortalecimiento de estas medidas –como la modernización aduanera, el uso de tecnologías de rastreo y la intensificación del intercambio de inteligencia– se podrá erradicar la dinámica del tráfico de armas que alimenta la violencia y debilita la institucionalidad democrática.

Casos como el del arma usada contra Uribe Turbay y la desarticulación de la red Los mercaderes de la muerte son llamados de atención para impulsar un debate profundo y urgente sobre la protección de la seguridad ciudadana a través del control riguroso del armamento. La consolidación de mecanismos de cooperación internacional y la efectiva aplicación de convenios como la CIFTA y el TCA son fundamentales para transformar el marco regulatorio en acciones concretas que resguarden la paz pública. La pregunta que hacemos hoy es: ¿Por qué dichos controles y la cooperación internacional no funcionan en el gobierno Petro, lo que permitió el atentado contra Uribe Turbay?

Solicito al Gobierno modernizar los controles contra el contrabando de armas y transformar un panorama de vulnerabilidad en uno de seguridad.

Conclusión

Urge un debate de control político en el Congreso contra la canciller Sarabia, así como al ministro de defensa Sánchez por descuidar la cooperación y el control al contrabando de armas que atentan contra nuestra democracia. Al fin al cabo, le corresponde a la canciller fortalecer la cooperación internacional contra el contrabando de armas y es el Departamento Control Comercial de Armas Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa quien autoriza y controla el porte y tenencia de las armas y municiones; el uso y comercialización de explosivos y sustancias químicas controladas, a los particulares y organismos del Estado diferentes a la fuerza pública.

Mientras tanto, nos seguimos preguntando: ¿cómo llegó a Colombia el arma a las manos del sicario que le disparó a Uribe Turbay?   

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