El artículo 40 de la Ley 1333 del 2009, sobre infracciones ambientales, faculta al Gobierno Nacional para definir los criterios de imposición de sanciones, más no para elaborar y adoptar una metodología para tasación de multas, como lo ordena el artículo 11 del Decreto 3678 del 2010, por el cual se reglamenta la imposición de dichas sanciones a los infractores. Así las cosas, la disposición es contraria a la norma que la fundamenta y, por lo tanto, el Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad y suspendió provisionalmente sus efectos. (C.P. María Claudia Rojas Lasso)