La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres Cárdenas, expresó que “el adolescente involucrado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay está dispuesto a colaborar con las autoridades y proporcionar la verdad sobre los hechos ocurridos”. Además, subrayó que su protección debe ser prioritaria, tanto en términos de seguridad como en la gestión de información, con el fin de asegurar su bienestar a lo largo del proceso.

Cáceres detalló que el menor enfrenta dos trámites: uno administrativo y otro jurídico, en los cuales cuenta con defensores designados por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, respectivamente. La funcionaria enfatizó la importancia de que estos organismos acompañen al joven y al ICBF en cada etapa del proceso, además de coordinarse con la Fiscalía General de la Nación para implementar medidas de protección adecuadas. (Lea: Las balas contra Miguel Uribe también atentan contra la Carta Democrática de la OEA)

Según el ICBF, la protección y seguridad del adolescente han sido una prioridad para el Estado, por lo que se han establecido acuerdos específicos con la Fiscalía para garantizar que su proceso judicial se lleve a cabo en condiciones seguras y respetuosas de sus derechos. Estas acciones buscan preservar la integridad física y emocional del menor durante el procedimiento penal, conforme a la legislación vigente.

Cabe recordar que, en el contexto del sistema penal juvenil colombiano, la privación de la libertad se considera una medida pedagógica y se aplica únicamente en casos en los que el menor tenga entre 16 y 18 años y ha cometido delitos cuya pena mínima sea superior a seis años de prisión.

Esta medida se lleva a cabo en centros especializados, como el Centro de Internamiento Preventivo (CIP), que se aplica a adolescentes en Colombia cuando existen riesgos que justifican su privación de libertad antes de un juicio. Según la legislación, esta medida se decreta cuando hay indicios claros de peligro, como la posible evasión del proceso, la obstaculización de pruebas o un daño potencial para la comunidad o las víctimas. El objetivo del CIP es garantizar que el proceso judicial se realice de manera efectiva, protegiendo tanto los derechos del menor como el interés social.

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