Juan Carlos Portilla
Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de la Sabana

La historia política de Colombia es un cruce de caminos en el que los acuerdos de paz han dejado, en ocasiones, más sombras que luces. Así lo evidencia el acuerdo entre el expresidente Santos y Timochenko, el cual, lejos de haber garantizado una paz sostenida, derivó en un escenario de violencia política y, sobre todo, en la impunidad para antiguos miembros del secretariado de las Farc. En este contexto, el reciente atentado contra Miguel Uribe Turbay se erige no solo como un ataque a la integridad física de un político, sino como síntoma de una grave crisis democrática que afecta tanto a la esfera interna como a los compromisos internacionales de Colombia.

Desde el prisma del derecho internacional y de las garantías de los derechos humanos, ningún instrumento otorga a los políticos o servidores públicos una protección exclusiva que los separe de la ciudadanía; sin embargo, estos actores gozan de la misma garantía al derecho a la vida, a la seguridad personal y a un debido proceso. Instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consolidan el imperio de la protección universal y obligan al Estado a adoptar medidas eficaces para prevenir y sancionar los actos violentos que, de forma directa, vulneran el ejercicio del poder popular. En este sentido, las agresiones contra actores políticos atentan contra el entramado del derecho internacional y del Estado de Derecho y debilitan la confianza ciudadana en nuestros sistemas de justicia y gobernabilidad.

Resulta imprescindible mencionar la influencia de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, la cual subraya principios fundamentales que configuran el ideal democrático en el continente. Entre ellos se destacan: el derecho inalienable de los pueblos a la democracia, entendida no solo como la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, sino también como el ejercicio efectivo de la soberanía popular. El respeto absoluto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, que garantizan un espacio en el que la violencia política no pueda germinar sin consecuencias. La transparencia, la probidad y la responsabilidad en el ejercicio del poder son pilares sobre los cuales se fundamenta la confianza ciudadana. Presidente Petro, su consulta popular por decreto vulnera la Carta Democrática de la OEA al quebrantar la separación e independencia de los poderes públicos, pilar indispensable para prevenir abusos y garantizar un sistema equilibrado de gobierno y una verdadera paz.

En contraposición a estos principios, la denominada “paz total” impulsada en el gobierno de Petro ha sido objeto de críticas por incentivar, según algunos sectores, la criminalidad y la impunidad. La promesa de una paz absoluta, que en teoría integraría a todas las partes en conflicto, se ha traducido en la apertura de diálogos con actores que históricamente han contribuido a la violencia, lo que paradójicamente podría desatar un nuevo escenario de exclusión y criminalidad. Tal visión, en palabras de críticos, se aparta de la garantía de una democracia robusta, en la que las reglas del Estado y la justicia no puedan ser transgredidas impunemente.

La experiencia colombiana pone en evidencia que los acuerdos de paz deben ir acompañados de mecanismos de rendición de cuentas y de un compromiso firme con la institucionalidad. Cuando los convenios se desvían de la finalidad de preservar la seguridad social y la estabilidad democrática, resultan contraproducentes, dejando como legado una violencia política que atenta contra la paz misma. Así, el caso del acuerdo Santos-Timochenko y la actual política de “paz total” constituyen dos caras de una moneda que acerca a Colombia a un riesgo creciente de impunidad y de debilitamiento de los principios democráticos consagrados en la Carta Democrática Interamericana de la OEA.

El desafío jurídico y político es, por tanto, implementar un sistema en el que se cumplan efectivamente los principios fundamentales de la Carta Democrática Interamericana: garantizar la libertad, la igualdad, el respeto a la legalidad, la participación ciudadana y la protección contra toda forma de violencia. Para ello, es fundamental que tanto las políticas internas como la intervención de los organismos internacionales se orienten a fortalecer la institucionalidad en lugar de abrir brechas para el crimen y la impunidad. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema democrático y asegurar que la violencia política no siga socavando la paz de nuestro país.

La reflexión final nos convoca a reconocer que ningún acuerdo, por ambicioso que sea, podrá sustituir el compromiso permanente con la justicia, la participación y el respeto a los derechos humanos. En la defensa de la democracia es indispensable erradicar los vestigios de impunidad que aún sobreviven en algunos sectores del poder, garantizando así una paz que se funda en el Estado de derecho y en el respeto irrestricto de la dignidad humana.