La Procuraduría General de la Nación, en comunicación enviada al Ministerio del Interior y de Justicia, señaló que actualmente no existe ningún órgano rector del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, por lo que debería estudiarse la creación de una dirección, adscrita al ministerio, que se encargue de trazar políticas para este sistema. La procuradora delegada en esta materia, Ilva Myriam Hoyos, advirtió que hay un vacío normativo que impide la existencia de directrices institucionales relacionadas con la criminalidad de la población adolescente. Sin embargo, pidió que se retire el proyecto de ley 164/10S-160/10C, que busca reformar el Código de la Infancia y la Adolescencia, porque estima que es necesaria una evaluación integral de políticas públicas. En caso de que continúe el trámite de la iniciativa, la procuradora pidió que se incluyan mejoras en la infraestructura de los centros de reclusión para adolescentes y en la adopción de modelos pedagógicos de resocialización.