La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Comisión Primera de la Cámara que retire del proyecto de seguridad ciudadana (P. L. 160/10C-164/10S) los artículos mediante los cuales se incrementarían las sanciones a los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal y suprimirían el límite de edad de 21 años, vigente actualmente, para ser privados de la libertad. Según el Ministerio Público, no es cierto que los adolescentes sean inimputables o que el código vigente ha sido una puerta a la impunidad, por el contrario, esta normativa los hace responsables penalmente con sanciones privativas de la libertad que van de 1 a 8 años. Reiteró que la posibilidad de permanencia de los adolescentes en un centro de atención especializada, hasta por 10 años, implicaría un esfuerzo adicional del Estado por proteger sus derechos.