La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la norma que cambió la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (Decreto 4121 del 2011), por estimar que no era necesario tramitar la modificación mediante una ley estatutaria. Según el Ministerio Público, con la expedición de la norma no se desbordaron las facultades del Presidente de la República, pues en ninguno de sus artículos el decreto regula el núcleo esencial del derecho a acceder a la pensión de jubilación, sino que solo se limita a definir la naturaleza jurídica, objeto, régimen legal, patrimonio, funciones, transición y estructura interna de Colpensiones.