Según la Procuraduría General, los incentivos en las acciones populares no son un premio o una gracia, sino una compensación a la carga desproporcionada que el actor debe asumir para la defensa de los derechos e intereses colectivos. Por tal motivo, en concepto enviado a la Corte Constitucional, dijo que la compensación para el actor popular se ajusta a los principios de Estado Social de Derecho, lo mismo que a las disposiciones constitucionales que señalan los deberes de las personas y de los ciudadanos.