El Consejo Superior de la Judicatura señaló que la legalidad es uno de los principios fundantes del derecho disciplinario, pues garantiza al profesional del Derecho que la actividad de intervención estatal sancionatoria no desborde los parámetros legales. El Consejo explicó que este principio rector se debe materializar de dos formas: una, frente al legislador, para que en la consagración normativa de prohibiciones se respete el criterio de tipicidad inequívoca, esto es, evitar que solo se sancione cuando la conducta se ajusta a la previsión legal. La otra, de cara al operador judicial, para que no acuda a interpretaciones extensivas o analógicas en mala parte, que llenen los vacíos, inconsistencias. Con estos argumentos, la corporación justificó la importancia de que el funcionario que disciplina enuncie de forma clara y precisa los criterios de graduación de la sanción (M.P. María Mercedes López Mora).