La Corte Constitucional oficializó el texto del fallo que declaró inexequible el proyecto de ley 91/10S-63/09C, que modifica la Ley 860 del 2003, sobre el régimen de pensión de vejez por exposición a actividades de alto riesgo. La Corte encontró justificada la objeción del Presidente de la República relativa a que debió tramitarse a iniciativa del Gobierno y no del órgano legislativo. Según el alto tribunal, esa reserva sobre la iniciativa legislativa era aplicable para este caso porque los agentes de tránsito y transporte y demás empleados funcionarios de control vial, a quienes iban dirigidos los beneficios, se consideran empleados públicos y porque la inclusión de estos en la pensión de vejez por exposición de alto riesgo constituye una modificación al sistema prestacional. Además, el Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Protección Social, pidió el archivo de la iniciativa (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).