El Consejo de Estado negó la nulidad de los actos administrativos, proferidos por la Procuraduría General de la Nación en el 2006 y 2007, que sancionaron disciplinariamente con destitución e inhabilidad por 12 años para ejercer funciones públicas al expresidente del Instituto de Seguros Sociales (ISS) Guillermo Fino. El alto tribunal aclaró que como el proceso disciplinario es especialmente cuidadoso de proteger garantías básicas, no cualquier alegato puede plantearse para derrumbar un fallo disciplinario. De esta forma, desestimó los cargos que aducían irregularidades que afectaban su derecho al debido proceso y a la defensa. De igual forma, negó que los documentos que indicaban los alegatos constituyeran los estudios previos de la licitación abierta para adquirir equipos de imagenología del ISS, cuya ausencia fue la principal razón para declarar su responsabilidad (C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila).