La Ley 65 de 1993 establece la posibilidad de que los entes territoriales celebren convenios interadministrativos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para utilizar las instalaciones carcelarias nacionales y albergar su población carcelaria a cambio de contribuir con sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión, además de otras colaboraciones. El Consejo de Estado aclaró que aunque la Ley 65 consagre el pago de sobresueldos, no puede ordenarse su reconocimiento si no existe un acuerdo entre la entidad territorial y el Inpec (C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).