Los hablantes de lenguas nativas que por razones jurídicas de cualquier índole deban comparecer ante la Rama Judicial tienen derecho a actuar en su propia lengua, y las autoridades responsables proveerán lo necesario para que sean asistidos gratuitamente por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Así mismo, tienen derecho al empleo de su propia lengua en sus actuaciones y gestiones ante los órganos de la administración pública. Así lo establece la Ley 1381 del pasado 25 de enero, cuyo objeto es garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos.