El Consejo de Estado reiteró que la Ley 100 de 1993 protegió los derechos adquiridos de las personas que alcanzaron a cumplir los requisitos para acceder a una pensión o se encontraban pensionados al momento de su entrada en vigencia. A juicio del alto tribunal cuando el artículo 146 de esta ley indicó que continuaban vigentes las situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales, el legislador quiso proteger los derechos laborales consolidados, toda vez que en el nivel territorial existían regímenes prestacionales contrarios a la Constitución (C.P. Gerardo Arenas Monsalve).