El Consejo Superior de la Judicatura, al definir la competencia de jurisdicciones, determinó que es el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá el competente para conocer del proceso contra Francisco Rojas Birry, por haber recibido dineros de la captadora ilegal DMG para su campaña a la Personería de Bogotá, y no la jurisdicción especial indígena. Según el alto tribunal, además de que los hechos no tuvieron lugar en territorio indígena, la conducta por la que se le investigó y condenó “sobrepasa los linderos propios de los usos y costumbres de dicha cultura”.