El Consejo de Estado reiteró que, según el Decreto 205 del 2003, las inspecciones de trabajo de los municipios diferentes a la sede de las direcciones territoriales y de las oficinas especiales son las encargadas de adelantar las investigaciones por retención o disminución colectiva e ilegal de salarios e imponer las correspondientes sanciones. Por tal razón, la Sala de Consulta y Servicio Civil dejó en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Chinácota (Norte de Santander), no en el Instituto Departamental de Salud, la facultad de designar un funcionario para que constate la retención ilegal de salarios y prestaciones sociales en el Hospital San Juan de Dios y, si es del caso, imponer las sanciones respectivas (C. P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo).