No existe una relación de igualdad entre los incentivos en las acciones populares y las recompensas para quienes denuncien los hechos punibles, señaló la Corte Constitucional al declarar exequible la Ley 1425 del 2010, demandada por supuesta vulneración al derecho a la igualdad. El alto tribunal, además de estarse a lo resuelto en otras sentencias en las que se demandó la ley que eliminó el incentivo a los actores populares, explicó que “las acciones populares constituyen un derecho político en salvaguarda del interés colectivo, mientras que las denuncias de los hechos punibles susceptibles de recompensa constituyen una modalidad de colaboración con la administración de justicia que no se asemeja a la acción popular” (M. P. María Victoria Calle).