La Corte Constitucional, en auto emitido el 19 de enero del 2012, suspendió la orden de desalojo emitida por la Inspección 18 “E” Distrital de Policía, que pretendía la recuperación de un predio de la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá. La decisión se adoptó dentro del proceso de revisión de cuatro acciones de tutela interpuestas por familias que habitan el predio y que alegan la vulneración de su derecho de posesión e irregularidades en la diligencia de inspección del mismo por parte de las autoridades competentes. En la providencia, la Sala Sexta de Revisión pidió oficiar a las empresas de servicios públicos para que informen si han autorizado, instalado, suministran y cobran los servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y luz eléctrica, respectivamente, en los inmuebles donde residen los accionantes y vecinos del mismo barrio o sector. Así mismo, requirió a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que acompañen el proceso y se evite la vulneración de derechos de los afectados con la medida (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).