El Consejo de Estado recordó que la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos territoriales compete al Gobierno Nacional, de acuerdo con los parámetros fijados por el legislador. De esta forma, advirtió que los establecimientos públicos territoriales no pueden fijar discrecionalmente estos regímenes para sus empleados. En esa medida, sentenció que cualquier disposición que establezca salarios o prestaciones desbordando el marco legal debe ser inaplicada por inconstitucional. En el fallo se aclaró que contra este mandato no puede alegarse la existencia de derechos adquiridos, pues el servidor público queda sometido a las normas vigentes al inicio de su vinculación y las que las modifiquen o subroguen durante el término de su servicio (C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez).