Es un deber de los funcionarios judiciales conocer las reglas mínimas que enmarcan su ejercicio y actualizarse en esas disposiciones. No hacerlo es una manifestación de desconocimiento y muestra de rebeldía con las normas de competencia que los vinculan. Así lo señaló el Consejo Superior de la Judicatura al sancionar a un fiscal especializado de Medellín, por precluir de manera irregular la investigación contra un exjefe paramilitar investigado por el delito de concierto para delinquir agravado. Según la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el fiscal cuestionado desbordó el ejercicio de sus funciones, ya que por la calidad del procesado como desmovilizado de las autodefensas, la decisión de otorgarle beneficios le correspondía a los tribunales creados por la Ley de Justicia y Paz, y además no podía otorgar esa clase de favorecimientos por delitos no permitidos en esa misma norma (M. P. María Mercedes López).