La Corte Suprema de Justicia explicó que el legislador ha previsto un sistema de información para los servidores públicos, cuya parte fundamental la constituye la hoja de vida que las entidades públicas mantienen. Este sistema permite que la administración gestione información sobre formación y experiencia de sus servidores, los tiempos de servicio prestados, las circunstancias que puedan constituir causales de inhabilidad o incompatibilidad y los antecedentes penales y disciplinarios del funcionario. Aunque las entidades están obligadas a garantizar el acceso a los datos que se encuentran registrados y la veracidad sobre los datos, no lo están a retirar o eliminar las anotaciones sobre sanciones de sus empleados. La corte negó una acción de tutela que pretendía eliminar una anotación sobre sanción en una investigación precluida (M.P. William Namén Vargas).