La Corte Suprema de Justicia le pidió al director del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), Gustavo Adolfo Ricaurte, y al procurador general, Alejandro Ordóñez, que realicen una vigilancia especial a los permisos administrativos que los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad y el Inpec han concedido a varios excongresistas, condenados por la Corte Suprema, dentro de la denominada “parapolítica”. Según la Sala Penal, es conveniente estar alerta para determinar si dichas autorizaciones serían utilizadas para llevar a cabo una participación activa en política durante las elecciones del próximo 30 de octubre.