La Corte Constitucional declaró exequible la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas y su ley aprobatoria (Ley 1418 del 2010). La Sala encontró que tanto en su parte formal como en la material el acuerdo se ajusta a la normativa interna y persigue la protección de derechos fundamentales. Los magistrados Mauricio González y Humberto Sierra aclararon su voto, con respecto a la prescripción del delito de desaparición forzada (M. P. Juan Carlos Henao).