El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) dispuso que la unidad de investigaciones especiales de la Contraloría General de la República adelantará auditorías especiales o investigaciones relacionadas con hechos de impacto nacional que pongan en riesgo el patrimonio público. En ese sentido, a través de la Resolución 6554, la contralora Sandra Morelli otorgó a las contralorías delegadas sectoriales la competencia para adelantar procesos de responsabilidad fiscal de manera verbal. El contralor general conocería tales procesos en segunda instancia.