La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó a un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira (Risaralda), por redosificar la pena de 22 años de prisión por una de 13 años a un condenado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, y por concederle la libertad condicional. El Consejo Superior le impuso una sanción de suspensión de dos meses, puesto que no podía aumentar la proferida por el Seccional de Risaralda en primera instancia, por el principio de prohibición de la reformatio in pejus. Por tal razón, compulsó copias para que se investigue a los magistrados del Consejo Seccional de Risaralda, al considerar que la gravedad de la actuación del funcionario ameritaba una sanción más drástica y por ello desconocieron el principio de legalidad de la sanción (M. P. Henry Villarraga).