El Consejo Superior de la Judicatura sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a un juez de paz de Villavicencio, porque faltó a sus deberes legales al no comunicar que estaba inhabilitado para continuar ejerciendo el cargo, por una condena sobreviniente de 21 meses de prisión que le impuso un juez de la ciudad por el delito de abuso de confianza. Según la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el ejercicio del cargo de juez de paz es compatible con el desempeño de cargos públicos, y aunque no es un servidor público, se trata de un particular con una relación especial de sujeción con el Estado, al estar investido transitoriamente de la facultad de administrar justicia como servicio público esencial. Según la sala, el juez, de manera consciente desatendió los mandatos legales, ya que pese a estar ostentando el cargo y posteriormente enterarse que se había proferido en su contra sentencia condenatoria, siguió ejerciendo las funciones jurisdiccionales (M. P. Ovidio Claros).