El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó a los docentes del Sistema Integral de Seguridad Social, indicó el Consejo de Estado. Por esa razón, las prestaciones de estos empleados siguieron sometidas al régimen legal anterior, esto es, la Ley 33 de 1985, incluyendo su régimen de transición. El alto tribunal aclaró que la Ley 115 de 1994 ratificó que la Ley 33 seguía siendo la norma aplicable a docentes nacionales y que las pensiones de jubilación reconocidas bajo el amparo de la Ley 6ª de 1945 o del Decreto 3135 de 1968 se dieron bajo disposiciones generales del sector administrativo (C.P. Gerardo Arenas Monsalve).