El Consejo de Estado explicó que, antes de la reforma constitucional de 1968, los entes territoriales tenían un amplio espectro para la fijación de los sueldos de los empleados territoriales. Sin embargo, la reforma limitó esa facultad a fijar las escalas salariales, por lo que los entes territoriales no podían crear factores o elementos constitutivos de salario. En esa medida, el alto tribunal precisó que quienes se beneficiaban de factores o elementos salariales ordenados por instrumentos de carácter territorial tenían derecho a conservarlos, pero que quienes se vincularon bajo el nuevo régimen se debían someter a las nuevas condiciones salariales y prestacionales que se regularan. De esta forma, concluyó que los factores salariales regulados por normas de orden territorial no podían aplicarse a empleados públicos sometidos a disposiciones de orden legal (C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila).