El Consejo de Estado confirmó la sanción disciplinaria impuesta a un procurador delegado ante el Consejo de Estado por no defender el orden jurídico y el patrimonio público al avalar, irregularmente, una conciliación extrajudicial con Dragacol. La Sección Segunda señaló que se mantuvo la competencia de la Procuraduría General para realizar la investigación, aunque el jefe del Ministerio Público conformó una comisión especial con asesores grado 24 para la indagación preliminar y práctica de pruebas. Según el fallo, el procurador general tenía la facultad de conformar dicha comisión, por lo cual no constituyó delegación de funciones, pues estaban determinadas las conductas disciplinables en el pliego de cargos y solo se apoyó en ese grupo para establecer si existía mérito para dar apertura a una investigación (C. P. Bertha Lucía Ramírez).