Las prerrogativas y la investidura que ostentan los miembros de la fuerza pública pierden toda relación con el servicio cuando deliberadamente son utilizadas para cometer delitos comunes, señaló el Consejo Superior de la Judicatura al determinar que la justicia ordinaria, representada por la Fiscalía Quinta Seccional de Facatativá (Cundinamarca), debe investigar a un oficial retirado del Ejército que en enero del 2003 presuntamente retuvo, torturó y extorsionó a un ganadero. La Sala Disciplinaria explicó que esas conductas se muestran como actos cometidos con ocasión del servicio y no en relación con el mismo, lo que conlleva la asignación de la competencia a la jurisdicción ordinaria (M. P. Jorge Armando Otálora).