Aunque la detención preventiva es un instrumento válido para que las autoridades puedan perseguir los delitos, uno de los fines del Estado es el de garantizar la efectividad de los derechos de la persona, entre ellos el de la libertad, aplicando el principio de presunción de inocencia. Así lo señaló el Consejo de Estado al condenar a la Fiscalía General de la Nación a indemnizar a un ciudadano que fue privado de la libertad de manera injusta, luego de un operativo adelantado en la ciudad de Cali. Según la Sección Tercera, los ciudadanos no están en la obligación de soportar el daño que el Estado les pueda causar con una detención injusta y que, al ser calificado como antijurídico, la administración está en el deber de resarcir los perjuicios ocasionados (C. P. Gladys Agudelo Ordóñez).