El Consejo de Estado indicó que antes de la Ley 27 de 1992, esto es, mientras estuvo vigente la Ley 25 de 1974, se estableció que el Ministerio Público comprendía la Procuraduría General de la Nación, las fiscalías y las personerías. Las normas que desarrollaron esa ley señalaron que eran funcionarios del Ministerio Público los personeros municipales y empleados, los que desempeñaran cargos diferentes. De esta forma, la corporación resolvió el caso de un abogado asesor de una personería que había sido sancionado disciplinariamente y pretendía la nulidad de la sanción por habérsele considerado empleado del Ministerio Público (C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez).