Según la entidad, los hallazgos con incidencia disciplinaria se evidenciaron principalmente en el proceso de producción de alimentos.
No se logró demostrar la trasgresión de los derechos e intereses colectivos invocados por la falta de construcción de un puente peatonal.
El objetivo de esta estrategia es fomentar la participación de actores públicos y privados en los destinos turísticos de Colombia.
Una vez firmado el preacuerdo se genera una obligación para el fiscal de presentar el acta como escrito de acusación.
La norma que dispone la inhabilidad debe inaplicarse de manera excepcional, en atención a principios de ponderación y proporcionalidad.
Para que prospere la negativa es necesario que la EPS se oponga al aporte y efectúe acciones tendientes a perseguir el pago efectivo.
Este triunfo parcial del Gobierno mantiene viva la iniciativa en el Legislativo.
Tratándose de personas con discapacidad, el beneficiario recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 35 % de un salario mínimo por cada uno de estos trabajadores adicionales.
El menor valor a pagar o el mayor saldo a favor declarado debe ser el resultado de una apreciación razonable del derecho aplicable.
La CGR encontró que fueron devueltos al Tesoro Público un total de $ 663.755.200.394, quedando un saldo de $ 1.624.181.986,4 por recuperar.
