La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de la norma que establece el procedimiento para determinar incumplimiento de obligaciones parafiscales agropecuarias o pesqueras (Ley 101 de 1993). En concepto del Ministerio Público, el procedimiento establecido en esta norma para determinar si hubo incumplimiento de obligaciones y su monto, para el respectivo cobro por la vía judicial ejecutiva, es confuso. Igualmente, precisó que la ley es violatoria del orden constitucional en lo que se refiere a los principios de legalidad y certeza tributarios.