Corresponde a los concejos y a los alcaldes velar por el debido recaudo de los tributos para dar cumplimiento a los planes de desarrollo, la prestación de los servicios y la atención de las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, indicó el Ministerio de Hacienda, no se ajusta a la ley una orden de suspensión de un acto administrativo que tiene presunción de legalidad, a menos que la medida o su anulación surja de una decisión proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Adicionalmente, el no cobro de un tributo de gran importancia, como es el impuesto de industria y comercio, genera la consecuente desfinanciación del presupuesto de la entidad territorial y el riesgo en su sostenibilidad, además de las sanciones de orden disciplinario y fiscal que puedan deducirse.