La iniciativa refiere que a pesar de los diferentes incentivos para promover la inversión en ciencia, tecnología e innovación existen deficiencias en su diseño que concentran los beneficios en grandes empresas, reduciendo el número de contribuyentes que en la práctica acceden a los mismos, y que además comprimen de manera importante el impacto real de dichas medidas. Por lo anterior, el proyecto de ley aclara, en primer lugar, quiénes serán consideradas como pequeñas y medianas empresas especializadas en el desarrollo de tecnologías de la información. Así, este tipo de personas jurídicas deberán cumplir con las siguientes características: su objeto será exclusivamente el diseño, desarrollo, producción, enajenación, comercialización o licenciamiento de nuevas tecnologías de la información elaboradas en Colombia; su personal no podrá ser superior a 50 trabajadores; sus activos totales no podrán superar los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) y sus ingresos brutos totales del año anterior deberán ser inferiores o iguales a 5.000 smmlv. Atendiendo a lo anterior, serían rentas exentas, por un término de 30 años, las generadas por pequeñas y medianas empresas especializadas en el desarrollo de tecnologías de la información que inicien su actividad económica dentro de los 10 años siguientes a partir de la vigencia de la ley, en caso de que esta llegue a ser aprobada y sancionada por el Presidente de la República. Para que proceda la anterior exención, la nueva tecnología que se desarrolle o explote deberá estar amparada con una nueva patente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y deberá tener un contenido mínimo de investigación científica o tecnológica nacional certificado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación. Este proyecto de ley ya cuenta con ponencia positiva para primer debate, el cual se llevará a cabo en la Comisión Tercera de la Cámara.