"La Procuraduría cuestionó los informes en los cuales se basa el otrosí de la concesión minera de Cerro Matoso, que la extendió por 15 años más, debido a que datan de 1972 y 1981. Para el organismo de control es necesario precisar si esos estudios financieros y ambientales son adecuados para determinar el cálculo de la reserva mineral actual. El organismo de control dio cuenta de otras probables irregularidades, como la carencia de soportes de una de las estipulaciones, según la cual la extensión en el tiempo del contrato estaba supeditada al aumento de la capacidad de procesamiento del mineral seco ""en un 50 % en los próximos 10 años"". En torno a las cláusulas por incumplimiento, este organismo cuestionó si la entidad tenía la potestad de calificar el incumplimiento que daría lugar a la caducidad como ""reiterado"", ya que el Estatuto Minero vigente al momento de suscribir el contrato y la Ley 685 del 2001 no precisan la generación de la aplicación del señalado incumplimiento en el marco de la declaratoria de caducidad. Finalmente, el Ministerio Público aclaró que, pese a su labor de acompañamiento y vigilancia previa a la suscripción del otrosí 4 al contrato 051 de 1996 y aun con la ocurrencia de reuniones periódicas con la Agencia Nacional de Minería, solo conoció el borrador en diciembre del 2012 y frente a él efectuó varias recomendaciones de carácter jurídico. "