Las entidades obligadas a llevar contabilidad deben hacerlo aplicando las normas de información financiera aceptadas en Colombia, por lo que no es adecuado que los informes financieros de propósito general que producen efectos ante terceros se elaboren aplicando un marco normativo diferente. Por lo tanto, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, si los estados financieros al cierre de diciembre del 2017 se elaboran aplicando una base de principios distinta y son certificados por el representante legal y el contador público y/o dictaminados por el auditor externo o revisor fiscal, carecerían de validez legal, generando los efectos que se derivan de las disposiciones comerciales y fiscales.