La resolución sanción es el acto que declara la improcedencia de la devolución y ordena el correspondiente reintegro, por ello determina la exigibilidad de la obligación garantizada, precisó la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En consecuencia, esta resolución es el acto que debe ser notificado a la compañía de seguros para que pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción. El fallo también recordó que esta resolución es el acto administrativo que determina la responsabilidad del garante y la exigibilidad de la obligación afianzada, es decir, que la existencia de la mencionada decisión de la Administración constituye la fuente que da origen a la actuación administrativa en procura de recuperar los dineros (C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto).