Juan Camilo Serrano Valenzuela
Abogado y asesor tributario
jcserranov@jcsvabogados.com

Tal como se ha vuelto costumbre en los últimos tiempos, nuevamente nos encontramos con el sistema de administración pública en los medios de comunicación, redes sociales y declaraciones de altos funcionarios que, de manera permanente, pretenden dirigir políticas acudiendo a la intimidación, las amenazas y los anuncios apocalípticos, casi siempre sin acompañarlos de acciones que correspondan a esos anuncios.

En materia de impuestos, de manera especial, se anuncian acciones, se intimida a los contribuyentes, se generan incertidumbres, pero en la realidad, y de manera ineficiente y a veces un poco torpe, pretenden lograr la aprobación de la reforma acudiendo a los mecanismos que, con solo un poco de análisis y conocimiento del sector, se evidencian inoperantes y casi garantizan su fracaso.

Proponer reformas tributarias sin concertación con las autoridades a quienes nuestra Constitución ha designado como los únicos con capacidad jurídica para decidir resulta contrario al más elemental razonamiento institucional.

En los últimos días, el Gobierno ha planteado la presentación de un proyecto de ley, nuevamente de financiamiento, esta vez (la tercera), ya con experiencias de fracaso, acudiendo a las mismas estrategias probadamente fallidas.

Gravar los más ricos, antes los 4.000, luego los 40.000 y ahora quién sabe cuántos, aunque se avizoran cargas adicionales para empleados, siempre los más perjudicados por carecer de capacidad de representación en el Congreso; o gravar herencias; aumentar los gravámenes o las bases del patrimonio; o las creativas normas milenarias incluidas en los decretos de conmoción interior dictados para El Catatumbo; incrementar la tarifa del impuesto al consumo o revisar la estructura del IVA, han sido las “novedosas” ideas planteadas para financiar el inmenso déficit creado por el incremento del funcionamiento del Estado.

No pasa de ser una pérdida de tiempo y energía gubernamental, si no existe vocación de concertar, de ajustar y modernizar el régimen tributario, más allá de limitarse a la recaudación para justificar la presentación de un proyecto de presupuesto desfinanciado, desconociendo las realidades económicas y las capacidades contributivas.

Adicionalmente, se amenaza a más de 11.000 contribuyentes de interponer denuncias penales masivas por obligaciones pendientes de pago por aquellos conceptos que generan esta responsabilidad, partiendo de una cuenta corriente desactualizada, que no refleja, en muchos casos, actos administrativos que imputan saldos compensados o indebidamente liquidados.

Acciones como estas trasladan la competencia de cobro que la ley otorga a la Dian a fiscales y servidores judiciales, como si la lucha contra otras conductas delictivas se estuviera adelantando con algún éxito; lo que seguramente se pretende es llenar las insuficientes cárceles del país con contribuyentes y empresarios, para lo que será necesario sacar a otros delincuentes a las tarimas de las plazas públicas o eliminar el carácter de delito a conductas hoy reprochadas por nuestra legislación, cumpliendo promesas delirantes de nuestros gobernantes.

Al tiempo que se amenaza, anuncian procesos disciplinarios por la prescripción de obligaciones por miles de millones de pesos, pues la administración tributaria no ha adelantado los procesos y, por ello, se acude últimamente a las autoridades penales para el cobro de obligaciones de impuestos ya prescritas.

Es evidente que en materia tributaria se observa con mucha claridad que no está claro el rumbo, el sistema se viene deteriorando, la cultura tributaria en que se había venido trabajando desde hace años cada vez se deteriora por acciones y políticas que no tienen un claro rumbo y carecen absolutamente de objetivos.

Nada realmente importante, nada que estructuralmente mejore el sistema o ayude al desarrollo económico a través del sistema tributario o que permita cumplir los objetivos del sistema ordenados por la Constitución se ha planteado en los ya repetidos intentos de obtener la aprobación de una ley que mejore la tributación, la redistribución, la eficiencia o la equidad del sistema.

Todas las acciones se han ido en anuncios, amenazas y pérdidas de tiempo y esfuerzo, lo que me recuerda la sabiduría popular, cuando mis ancestros afirmaban, ante las acciones carentes de objetivos reales y cumplibles, que “quien no encuentra algo valioso que hacer, se quita la camisa, y luego se la vuelve a poner”. 

Siga nuestro canal de WhatsApp

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.