Al analizar la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2007 de una contribuyente por la que, además, le fue impuesta sanción por inexactitud, la Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó que la carga probatoria encaminada a desvirtuar la veracidad de las declaraciones tributarias y de las respuestas a los requerimientos corresponde, en principio, a la autoridad tributaria y se traslada al contribuyente frente a una comprobación especial o una exigencia legal. Bajo esa premisa, indicó que en la respuesta al requerimiento especial, y con el recurso de reconsideración, el contribuyente puede controvertir las pruebas presentadas por la autoridad fiscal en desarrollo de las facultades de fiscalización e investigación, mediante la incorporación de las que considere pertinentes, las cuales deben ser valoradas por la autoridad fiscal, por constituir una garantía del debido proceso y de los derechos de defensa y de contradicción (C. P. Stella Jeannette Carvajal).