Fue admitida una acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 153 de la Ley 2010 del 2019 (Ley de Crecimiento Económico), en el que se estableció una bonificación especial denominada “quinquenio” para los funcionarios de la Auditoría General y Contraloría General de la República. El accionante alega una violación del principio de unidad de materia, pues dicha bonificación no guarda conexidad con los objetivos de la ley y tampoco constituye un medio para lograr los fines de esta normativa, pues no contribuye a la generación de empleo y reducción de la pobreza.