Ana María Serna
Abogada del área de Impuestos de PGP Abogados

La suspensión provisional del recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio para ciertos sujetos pasivos, decretada mediante el Auto A‑533 de 2026 por la Corte Constitucional, ha reavivado un debate complejo que trasciende el caso concreto. En él confluyen, por un lado, la necesidad imperiosa del Estado de recaudar recursos para atender una emergencia económica, social y ecológica, y por otro, los límites constitucionales a la imposición de cargas tributarias excepcionales, particularmente en términos de proporcionalidad, razonabilidad y protección de derechos fundamentales. A ello se suma una tensión adicional, de carácter procesal-constitucional, relacionada con el alcance y las consecuencias del uso de medidas cautelares dentro del control automático de los decretos legislativos.

Desde una lectura inicial, el Auto A‑533 encuentra sustento en la aplicación del test de suspensión provisional formulado por la propia Corte en el Auto 082 de 2026. Bajo dicho estándar, la Sala Plena concluyó que, respecto de las entidades sin ánimo de lucro (Esal) del régimen tributario especial y de las personas jurídicas en liquidación, existía evidencia preliminar seria de afectaciones intensas a derechos fundamentales, así como riesgos de gravedad e irreversibilidad que hacían procedente la suspensión temporal del recaudo mientras se profiere la sentencia definitiva.

En particular, el análisis de la Corte pone de presente que, en el caso de las Esal, el patrimonio no cumple una función meramente representativa de riqueza disponible, sino que constituye el soporte material para el desarrollo de actividades meritorias de interés general, muchas de ellas estrechamente vinculadas a derechos fundamentales como la educación, la salud, la cultura o el acceso a la justicia. En este contexto, la exigibilidad inmediata del impuesto al patrimonio podría traducirse, al menos prima facie, en una reducción directa de la capacidad institucional de estas entidades para cumplir su objeto social, afectando no solo su estabilidad financiera, sino también los derechos de terceros.

Una lógica similar subyace al tratamiento otorgado por la Corte a las personas jurídicas en proceso de liquidación. Allí, el patrimonio deja de ser una manifestación ordinaria de capacidad económica para convertirse en una masa liquidatoria destinada al pago ordenado de acreencias. La imposición de un tributo extraordinario en este estadio incide directamente sobre los recursos disponibles para satisfacer obligaciones preexistentes, con potencial impacto sobre los derechos de los acreedores. Desde esta perspectiva, la Corte consideró razonable suspender provisionalmente la exigibilidad del tributo para evitar la consolidación de efectos materiales difíciles de revertir.

Sin embargo, esta conclusión no estuvo exenta de controversia. Los salvamentos de voto formulados por varios magistrados revelan una segunda tensión, esta vez de carácter procesal y sistémico, que merece atención desde el derecho tributario. En esencia, las posturas disidentes cuestionan no solo la aplicación del test al caso concreto, sino la propia competencia de la Corte Constitucional para suspender provisionalmente decretos legislativos, a la luz de precedentes como la Sentencia C‑179 de 1994, que enfatizó el carácter definitivo, único e irrepetible del control constitucional en estados de excepción.

Desde esta óptica crítica, la utilización del test de suspensión podría abrir la puerta a que, en futuros controles de decretos legislativos, se soliciten y decreten medidas cautelares similares, con el consecuente impacto sobre la seguridad jurídica y sobre la eficacia inmediata de las medidas adoptadas por el Gobierno para conjurar emergencias. En materia tributaria, ello plantea un interrogante relevante: ¿hasta qué punto la suspensión provisional de un tributo excepcional puede afectar la capacidad del Estado para reaccionar fiscalmente ante situaciones críticas?

Los magistrados disidentes también ponen el acento en un enfoque más objetivo de la capacidad contributiva, recordando que el impuesto al patrimonio creado por el Decreto Legislativo 173 de 2026 se estructura sobre criterios cuantificables y verificables –patrimonio líquido superior a 200.000 UVT y condición de contribuyente del impuesto sobre la renta– que, en principio, no distinguen entre sujetos con o sin ánimo de lucro. Desde esta perspectiva, la pertenencia al régimen tributario especial o la condición de liquidación no excluirían, por sí solas, la existencia de capacidad económica suficiente para soportar el gravamen.

Este contraste de argumentos revela una tensión estructural difícil de resolver. Por un lado, el Estado requiere recursos inmediatos para atender las consecuencias materiales de una emergencia, y el impuesto al patrimonio aparece como un instrumento de recaudo rápido y focalizado. Por otro, el principio de proporcionalidad tributaria exige que incluso en escenarios excepcionales las cargas impositivas sean razonables y no sacrifiquen de manera desmedida bienes constitucionalmente protegidos, especialmente cuando el patrimonio gravado cumple funciones constitucionales diferenciadas.

A esta tensión estructural se suma un elemento adicional que resulta determinante para evaluar la razonabilidad material del tributo: su temporalidad y diseño de recaudo. Aunque el Decreto Legislativo 173 de 2026 fue expedido a comienzos del año, introdujo de manera sobreviniente la condición de sujeto pasivo del impuesto al patrimonio para la vigencia 2026 y estableció una exigibilidad concentrada en dos cuotas, la segunda tan solo dos meses después de su causación inicial. Este diseño pone de relieve una cuestión central del derecho tributario: tener patrimonio no equivale necesariamente a tener liquidez.

Desde una perspectiva financiera y económica, el patrimonio puede estar compuesto por activos no líquidos, de difícil o costosa realización en el corto plazo. La exigencia de un pago significativo en un periodo reducido puede obligar a los contribuyentes a descapitalizarse, endeudarse o disponer de activos estratégicos, lo cual acentúa la carga real del tributo más allá de su tarifa nominal. En el caso de las Esal y de las entidades en liquidación, esta desconexión entre patrimonio y caja resulta especialmente sensible y refuerza el cuestionamiento sobre la proporcionalidad del gravamen en su dimensión temporal.

Así, la tensión no se limita a la dicotomía entre recaudo fiscal y protección de derechos fundamentales. También se manifiesta en la forma en que el factor tiempo incide en la intensidad de la carga tributaria y en la capacidad real de cumplimiento, aspecto que el análisis constitucional no puede ignorar al evaluar la razonabilidad de un impuesto excepcional.

Por ende, el Auto A‑533 de 2026 no zanja este debate, pero sí lo visibiliza con claridad. La suspensión provisional adoptada no equivale a una declaración anticipada de inexequibilidad, ni implica una negación de la potestad tributaria del Estado en estados de excepción. No obstante, introduce un precedente relevante sobre la exigibilidad inmediata de tributos extraordinarios y sobre la posibilidad de modular temporalmente sus efectos cuando se acreditan riesgos constitucionales significativos.

El fallo definitivo de la Corte Constitucional será el escenario en el que se resuelva de fondo esta tensión. Entretanto, el debate suscitado por el Auto A‑533 invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre eficacia fiscal en situaciones de emergencia y garantías constitucionales propias de un Estado social y de derecho, recordando que incluso en contextos excepcionales la tributación no puede desligarse de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y justicia material.

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