Si el contador público considera que en desarrollo de su trabajo se violan algunas normas y se siente presionado a firmar información financiera que, en su criterio, no cumple con la normativa correspondiente, debe informar dichas irregularidades a la administración de la entidad. Sin embargo, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en muchas ocasiones informar a la administración no reduce la amenaza a un nivel aceptable, por lo que el contador público puede optar por obtener asesoría jurídica en la materia o renunciar al contrato suscrito con el cliente. Cada vez que un contador público acepte un trabajo o compromiso profesional es recomendable que mediante documento escrito (contrato) deje claramente especificada su responsabilidad, en los términos del artículo 46 de la Ley 43 de 1990, según el cual siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el contador público fijará sus honorarios de conformidad con su capacidad científica y/o técnica y en relación con la importancia y las  circunstancias que en cada uno de los casos le corresponda cumplir, pero siempre previo acuerdo con el usuario.