Las responsabilidades de los contadores públicos están previstas en la Ley 43 de 1990, mientras que las funciones particulares de los revisores fiscales están asignadas legalmente, en especial en los artículos 207 y 214 del Código de Comercio, este último relacionado con la completa reserva que deben guardar los revisores sobre los actos o hechos de los cuales tengan conocimiento en ejercicio de su cargo y que solamente podrán comunicar o denunciar en la forma y casos previstos expresamente en la ley. De otra parte, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el artículo 34 de la Ley 222 de 1995 señala que la responsable de emitir estados financieros certificados y dictaminados es la administración de la entidad, por lo que el revisor fiscal no debe asumir sus funciones, sus opiniones se fundamentan en las declaraciones realizadas por la administración conforme a los requerimientos legales. No obstante, si el revisor fiscal incumple sus obligaciones podría incurrir en faltas objeto de sanciones, si hay lugar a ello.