Mediante un auto de sala fue negada la solicitud de suspensión provisional de las disposiciones que adoptaron directamente las normas internacionales de información financiera (NlIF) y las normas internacionales de aseguramiento de la información (entre otras, del Decreto 2420 del 2015). Si bien el demandante aducía que esa reglamentación excedió los límites de la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional, la Sala no pudo evidenciarlo. Tampoco encontró demostrada una vulneración al principio de legalidad, como consecuencia de la aplicación de la normativa demandada, a quienes están obligados a llevar contabilidad para determinar sus obligaciones fiscales (C. P. Milton Chaves).