La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó que tanto la tarifa de control fiscal como la cuota de fiscalización tienen como finalidad servir de fuente de financiación de la Contraloría General de la República (CGR) y de las contralorías territoriales, en retribución del control fiscal que realizan sobre las entidades, organismos y particulares que manejan recursos, fondos o bienes del Estado, en todos sus niveles. Así, la sujeción de vigilancia y control fiscal origina la obligación del pago de este tributo para el caso de la CGR (catalogado por la jurisprudencia constitucional como un tributo especial) y la llamada cuota de fiscalización en el nivel territorial a favor de las contralorías locales. Por último, frente a la tarifa de control fiscal, la Sala indicó el método de cálculo actualizado que puede ser consultado en el documento adjunto (C. P. Julio Roberto Piza).