Dian advierte riesgos legales por retrasos en aprobación del régimen sancionatorio aduanero
El proyecto busca modernizar sanciones, fortalecer controles y proteger la economía formal.
12 de Mayo de 2026
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) pidió al Congreso de la República avanzar con celeridad en el trámite del proyecto de ley del nuevo régimen sancionatorio aduanero, luego del aplazamiento del primer debate en las comisiones segundas conjuntas. La entidad advirtió que la iniciativa debe completar su proceso legislativo antes del 10 de junio y ser sancionada por el presidente antes del 20 de junio del 2026 para evitar un vacío constitucional en materia aduanera.(Lea: Incumplir obligaciones laborales y parafiscales no es infracción aduanera de las agencias de aduanas).
Corte Constitucional fijó plazo para nueva legislación
La urgencia del trámite responde a la sentencia C-072 del 2025 de la Corte Constitucional, mediante la cual se determinó que el actual régimen sancionatorio aduanero solo estará vigente hasta el 20 de junio del 2026. En consecuencia, el alto tribunal dejó en manos del Congreso la responsabilidad de expedir una nueva ley que garantice la continuidad de las funciones de control aduanero y sanción en el país.
Dian advierte riesgos para control contra el contrabando
El director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, aseguró que el Gobierno confía en la voluntad política del Legislativo para sacar adelante una norma considerada clave para el comercio exterior colombiano. Además, alertó que, si no se aprueba la ley dentro de los tiempos establecidos, quedarían suspendidas acciones como aprehensiones, decomisos y liquidación de sanciones relacionadas con el contrabando y otras infracciones aduaneras.
Proyecto busca fortalecer seguridad jurídica y comercio formal
Según la entidad, la ponencia unificada radicada ante el Congreso recoge consensos alrededor de un régimen moderno, proporcional y ajustado a los mandatos constitucionales. El proyecto también busca fortalecer la lucha contra el fraude y el contrabando, aumentar la seguridad jurídica para los operadores que cumplen la normativa y proteger la economía formal y la competitividad del comercio exterior colombiano.
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