La Corte Constitucional admitió una demanda presentada en contra del inciso 2º del artículo 31 de la Ley 1940 del 2018, que decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2019. El artículo regula las reservas presupuestales y cuentas por pagar y la expresión demandada indica: “Para las cuentas por pagar que se constituyen a 31 de diciembre del 2018 se debe contar con el correspondiente programa anual mensualizado de caja de la vigencia, de lo contrario deberán hacerse los ajustes en los registros y constituir las correspondientes reservas presupuestales. Igual procedimiento se deberá cumplir en la vigencia 2019”. A juicio del accionante, el inciso atacado vulnera los artículos 151 (expedición de leyes orgánicas) y 352 (regulación de la ley orgánica) de la Constitución Política, toda vez que en estas disposiciones se determina que las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deben establecerse mediante leyes orgánicas. Además, también trasgrede el artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (régimen de apropiaciones y reservas) (Demandante: Sebastian Carbono Barrios).